Sorprende los muy pocos comentarios que ha generado la publicación en los medios de comunicación del “Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno”, que hizo de conocimiento público el Acuerdo Nacional a finales de la primera quincena de Enero de 2005. De éste, como de otros documentos valiosos que anteriormente ha publicado dicha Institución, no se ocupan los analistas ni menos aún los políticos que en su gran mayoría parecen estar más interesados en desprestigiar día a día con sus actos el sistema democrático que manifiestan querer defender.
El “Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno” contiene conceptos muy importantes, entre ellos el reconocimiento de la necesidad de fomentar la gran inversión nacional y extranjera, como la micro, pequeña y mediana inversión para generar empleo digno con trabajo de calidad en condiciones de libertad y equidad, considerando que la competitividad se apoya fundamentalmente en el aumento de la productividad del trabajo y ello solo se logra con inversión, con fuerza laboral de crecientes calidades que permitan mejorar la precariedad en el trabajo y reduciendo la informalidad.
El Pacto centra su atención en aspectos que mejoran el entorno para la inversión y el empleo digno; en políticas de Estado para la promoción de la inversión y el desarrollo humano; señala políticas específicas: de productividad y competitividad, institucionales que incluyen fortalecimiento y ampliación de las instancias gremiales de diálogo y concertación, de desarrollo de mercado de capitales y promoción de la competencia, así como el desarrollo regional y local, la promoción del desarrollo agropecuario y finalmente el monitoreo y seguimiento para el gradual cumplimiento de los objetivos y resultados de este Pacto.
Es digno de resaltar que el Acuerdo Nacional es no sólo un foro representativo de nuestra sociedad, sino quizás en este momento el más legitimizado de todos en cuanto a credibilidad ciudadana ya que allí convergen no sólo los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, sino también los Gremios Empresariales como CONFIEP y la Central General de Trabajadores, la Sociedad Civil representada además por los Frentes de Defensa Regional, la Conferencia Episcopal Peruana, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza e incluso el propio Gobierno a través de los diferentes sectores a nivel ministerial, el Consejo Nacional de la Competitividad y el organismo representativo de los Gobiernos Locales, entre otras instituciones y que las recomendaciones del propio Acuerdo Nacional se adoptan en todas sus instancias, estableciendo como requisito fundamental un 100% de consenso para que los temas puedan ser expresados como: “Acuerdo”.
Lo sorprendente de ello y a la vez tremendamente esperanzador es que dentro de este clima plagado de escándalos, corrupción y figuretismo intrascendente al que nos tienen acostumbrados nuestros políticos, se puede constatar luego de revisar en mayor detalle el documento del Pacto, la existencia de muchos aspectos en rubros importantes como los mencionados anteriormente donde puede haber una convergencia total entre representaciones aparentemente tan disímiles. Lo malo es que los acuerdos a los que arriban los representantes de estas organizaciones a nivel de estudio y reflexión en bien del futuro del país, ya fuera de ese entorno y cuando el documento recibe la contaminación de la política banal y mezquina, quienes asumen un compromiso de firmar estos Pactos y Acuerdos no los tengan presente ni los promuevan ni discutan al interior de sus organizaciones para enriquecerlo, comenzando por el propio Gobierno quien normalmente es el que tiene bajo su control los principales instrumentos para ponerlos en práctica.
Podrán expresar algunos analistas que este documento no es completo y le faltan algunos aspectos importantes y esto probablemente sea cierto. Particularmente estoy convencido que hay dos omisiones importantes que deberían incluirse. La primera de ellas la impostergable necesidad de poner en funcionamiento el Sistema de Planeamiento Estratégico concertado con participación del Estado y la Sociedad Civil, sin el cual es imposible tener una sólida visión de desarrollo de mediano y largo plazo como país que todos compartamos, y la segunda omisión, la imprescindible Reforma del Estado para buscar un Estado eficiente y que podamos pagar sin lo cual será imposible contar con los recursos que permitan poner en práctica todos los aspectos mencionados en el Pacto. No importa en este momento estas dos omisiones o las otras que pudieran haber y que seguro muy pronto serán subsanadas, pero lo importante es que nos convenzamos a nosotros mismos que existen muchísimos puntos en el mediano plazo sobre los cuales hemos podido llegar a un 100% de consenso. Pongamos ahora en práctica todos juntos este “Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno”.
Fuente: Gestión – OPINIÓN
Fecha: Viernes 11 de Febrero de 2005
